jueves, 26 de octubre de 2017

El retorno triunfal del bohío


Cartel de la película de animación "El bohío"
En los últimos años se nota en Cuba una progresiva asimilación de la vivienda al bohío. Es un ejercicio lento para el que el Estado cubano cuenta con ayuda de la prensa oficial. El paso de ciclones moderados como Matthews, en octubre de 2016, o de gran intensidad como Irma, el pasado mes de septiembre, son momentos propicios para conseguir que nos habituemos a la vivienda de paredes de tablas y techo de guano, luego de que por décadas fuera un signo del atraso que heredó la revolución y que estaba destinado a desaparecer por su obra regeneradora.
Eufemismos para la precariedad
El 19 de octubre de 2016 el diario Juventud Rebelde publicó una noticia con el título "De vuelta a los hogares en Maisí". Aquel texto notificaba el retorno a sus casas de personas que habían sido albergadas durante el paso del huracán Matthews por la región oriental de nuestro país. Ilustraba la noticia una foto en que se podía ver a un grupo de hombres que clavaban tablas viejas a modo de pared y, sobre ellos, un techo metálico oxidado exponía lo que sería la cubierta de aquello que el titular noticioso definía como vivienda.
El paso del huracán Irma ha renovado esta tendencia. El pasado domingo 23 de septiembre de 2017 el diario Granma describía, en "De palmas, solidaridad y gente agradecida", la construcción en la comunidad camagüeyana de Esmeralda de una serie de bohíos a los que el periodista Miguel Febles Hernández se cuidó de llamar como tales denominándolos "viviendas rústicas", además de considerar "módulos" al conjunto de tablas necesarias para su construcción.
Pero si las dos noticias citadas tienen carácter de notificación, es en el artículo "La luz diferente y el mañana" que a la precariedad se le pretende dar una dimensión trascendente. Se habla allí de colores que volverán, de "la humedad pegajosa del desastre" y se augura una restauración incomprensible "para aquel que ignore nuestras entrañas alegres hechas para la utopía y para la cotidianidad extraordinaria".
El artículo de la periodista Yeilén Delgado Calvo cubrió un tercio de la primera plana de la edición de Juventud Rebelde del viernes 22 de septiembre de 2017. Los otros dos tercios los ocupaba la imagen de una vivienda de madera y techo de zinc a cuyo costado ondea una bandera cubana y se mueve descalzo y ensimismado un niño.
Retórica para encubrir el fracaso
Si en el pasado el castrismo sostuvo un discurso social impetuoso que asociaba fenómenos como la unidad de los revolucionarios, la solidaridad y el valor, a resultados equivalente en beneficios para todos, los artículos antes citados desajustan la balanza, acomodando la retórica de marras a la consecución de un puñado de viviendas miserables. Quizás no esté lejos el día en que veamos en la primera plana de alguno de nuestros escasos periódicos un titular que anuncie triunfal: "Inaugura la Revolución 100.000 bohíos".
El problema de la vivienda tuvo un valor simbólico para el castrismo. En La Historia me absolverá Fidel Castro lo denunció como uno de los grandes males de la nación y aseguraba que "Un gobierno revolucionario resolvería el problema de la vivienda… demoliendo las infernales cuarterías para levantar en su lugar edificios modernos de muchas plantas y financiando la construcción de viviendas en toda la Isla en escala nunca vista".
En 1959 se crearon dos instituciones encaminadas a cumplir tal compromiso. El Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda (INAV) y el Departamento de Viviendas Campesinas, y se concluyeron cerca de 90.000 viviendas entre 1959 y 1963, año en que su número comenzó a declinar.
A la propaganda correspondería encubrir el fracaso bajo la lógica de que si las cuarterías, que eran un conjunto de viviendas pequeñas contenidas en una sola construcción, no conseguían asumir su rol de cimientos, no merecían siquiera ser vistas.
El documental No tenemos derecho a esperar, realizado en 1972 por Rogelio París con guion de Julio García Espinosa, ilustra el alcance de la propaganda en este proceso. Realizado en uno de esos repuntes constructivos que conocería esas décadas, en un fragmento se afirma: "Ya en los primeros años de la revolución se había superado ampliamente la herencia que dejaban 56 años de seudorrepública. En 1958… en una población de algo más de seis millones de habitantes más de la mitad vivían en bohíos, solares, barrios de indigentes. La distribución de espacio por habitantes era de menos de dos metros cuadrados por persona en barrios populares y más de 100 metros cuadrados por persona en barrios de lujo".
La situación de 1958, se desprende de este fragmento, no solo era deplorable sino sumamente fácil de superar puesto que ello se había logrado en los primeros años de revolución de manera "amplia".
Castrismo, propaganda y mentira
Propaganda y mentira han sido compañeros inseparables del castrismo. El viernes 2 de septiembre de 2005 un titular del diario Granma aseguraba en su portada: "No menos de 100.000 viviendas por año a partir de 2006". El texto, escrito por la periodista María Julia Mayoral, se refería a un informe presentado por Carlos Lage Dávila que afirmaba que comenzaría en "el país el mayor programa de vivienda de su historia".
Las estadísticas oficiales aseguran que en 2006 se cumplió la meta propuesta. Lo que parece una manipulación estadística en favor de la promesa hecha por el Estado cubano si se observan los pobres números de los años 2005 y 2007. Haya sido o no una manipulación, las cifras anuales de viviendas terminadas han decrecido desde entonces hasta mostrar en 2015 el tercer peor resultado de los últimos veinticinco años con 23.003 viviendas terminadas.
La invisibilidad de los bohíos y cuarterías, no obstante, tuvo éxito. En la mente de muchos, la revolución y el castrismo aparecían asociados a un lugar donde vivir. En estas décadas, sin embargo, al bohío y la cuartería se sumaron los albergues, residencias temporales para quienes esperaban la asignación de una vivienda y que devinieron hogares permanentes sin las condiciones más elementales.
Se sumó también la ocupación familiar de viejas naves industriales, almacenes y mataderos abandonados por la desidia estatal. Lo que antes se consideraba una casa ha sido por estos años cercenada, tanto perpendicular como horizontalmente, para generar nuevos espacios para vivir. Se cierran balcones, portales, se ocupa el espacio de los parqueos, sótanos, baños, azoteas, para crear lugares donde caer dormidos, muchos de ellos sin condiciones para otra cosa.
De modo semejante describe la pervivencia del bohío y la proliferación de "reconversiones" el arquitecto Mario Coyula en su artículo "El derecho a la vivienda: una meta elusiva", publicado en el número 58 de la revista Temas, en 2009. Allí puede leerse: "El último censo, realizado en 2002, publicó tras una larga demora algunos datos, entre ellos que la ciudad de La Habana tenía poco más de 670.000 viviendas. Esa cifra incluye una cantidad no precisada de reconversiones, desgloses y añadidos que a duras penas cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad. El censo también recogía el hecho de que, sin contar a la capital, existían en el país 138.035 casas con paredes de madera, pero más perturbador resulta que 35.944 tenían paredes de yagua o tabla de palma; 61.146 piso de tierra y 76.716 cubierta de hojas de palma. En otras palabras, se trataba de bohíos, no muy diferentes a los de los aborígenes que encontraron los conquistadores a principios del siglo XVI".
Frente a muchas de esas "reconversiones", el antiguo bohío y la antigua cuartería son mejores. Quizás sea esa una de las razones por la que los periodistas oficiales los muestran sin ningún pudor, porque en los días que corren es tanta la miseria que un bohío al pie de una montaña o a la orilla del mar, resultan imágenes bucólicas y reconfortantes. Es muy importante, sin embargo, que sepan que cuando la sociedad cubana se planteó muchas décadas atrás la eliminación del bohío o la cuartería, estos eran la expresión de la miseria y el abandono. No el fruto de la solidaridad, la recuperación épica, el éxito de la nación, ni las tonterías metafísicas, por llamarles de algún modo, con que pretenden sublimar hoy la proliferación de la indigencia nuestros periodistas oficiales.

sábado, 14 de octubre de 2017

El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, una ausencia conveniente para el castrismo


Presidentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular
"...actores de relleno perdidos en el tiempo y la inpetitud."

En sendos trabajos de aparición reciente los juristas y académicos Martha Prieto Valdés y Julio César Guanche reclaman el establecimiento de una institución semejante a la que la Constitución de 1940 definió como Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.
Martha Prieto lo hace en su artículo "Las garantías constitucionales de los derechos fundamentales y la Constitución de 1976", compilado en el libro La Constitución cubana de 1976: Cuarenta años de vigencia(Editorial UNIJURIS, 2016). Sugiere hacia el final de su escrito la necesidad de "conformación de la Sala Especial para lo Constitucional o Sala de Garantías dentro del Tribunal Supremo Popular…" (p. 188).
Al argumentar su razonamiento, la autora señala la necesidad de superar la escasa armonía normativa, el déficit de seguridad jurídica, la pobre legitimidad del texto constitucional vigente y la falta de garantías específicas para los derechos esenciales.
Antes, al analizar las garantías de los derechos civiles personales, la autora recuerda la noción con que fueron asentados en nuestra Carta Magna. Esto es, que no se admitió "su ejercicio contra o enfrentado al aparato de poder y menos aún con carácter absoluto, lo que marcó la formulación de las primeras. El desarrollo posterior quedó encargado a leyes ordinarias que aún hoy no se han adoptado, aunque sí se fijaron los límites del ejercicio de los mismos en la letra constitucional, no para asegurar el derecho, sino el diseño político imperante" (pp. 184 y 185).
Julio César Guanche en su libro Estado, participación y representación políticas en Cuba (Editorial Ciencias Sociales y Casa Editorial Ruth, 2015) transparenta una consideración semejante al afirmar "es preciso ampliar —actualizándolos— el catálogo de derechos individuales y su sistema de garantías materiales y jurídicas, y establecer un mecanismo dinámico de control constitucional a favor de los ciudadanos y de los distintos órganos del poder político" (p. 157).
El establecimiento de una "Sala Especial para lo Constitucional" tendría como antecedente al Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales establecido por la Constitución de 1940. La institución sobrevivió, renqueante, los Estatutos Constitucionales de Fulgencio Batista de 1952 y su similar castrista —la Ley Fundamental de 1959—, hasta ser disuelta en 1973.
El recurso de inconstitucionalidad, una de las instituciones fundamentales para remitir al análisis constitucional disposiciones arbitrarias, y que tenía en Cuba una larga y rica historia desde que fue implementado en la Constitución de 1901, sobrevivió escasamente en los Reglamentos de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 1977 y 1982, hasta quedar fuera de toda posibilidad su verificación desde que en 1996 el texto vigente del Reglamento dispuso para su ejercicio la emisión de una ley que, citando nuevamente a la doctora Martha Prieto: aún hoy no se ha adoptado.              
No es una petición simple la de ambos autores. La Constitución de 1976estableció la potestad constituyente y legislativa para la Asamblea Nacional del Poder Popular. Entre sus capacidades el magno texto le concedió también en su artículo 75, inciso c, la de "decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales". Competencias excesivas que, no obstante, no ejerce. Pues con todas las atribuciones otorgadas la Constitución dispuso para su ejercicio dos periodos anuales de sesiones que no totalizan 15 días.
Durante el largo reposo del legislativo, el Consejo de Estado, un órgano de 31 miembros derivado de la Asamblea Nacional, funge como su representante. Una representación que se ha verificado históricamente como sustitución al disponer, entre otras, de las potestades constitucionales, interpretativas y legislativas de la Asamblea Nacional. La persona que preside el Consejo de Estado es el jefe de Estado y de Gobierno en Cuba. No otra es la razón por la que Fidel Castro reservara este puesto para sí hasta su salida de la vida política activa en 2006, mientras que el de presidente de la Asamblea Nacional ha sido cubierto por actores de relleno perdidos en el tiempo y la ineptitud.
Este extraño tratamiento constitucional a la Asamblea Nacional, que le otorga la consideración de "órgano supremo del poder del Estado" a la vez que le concede un reposo inmovilizador, es calcado de su similar soviético, el Soviet Supremo de la URSS. Instituido por la Constitución soviética de 1936, fue por medio de su artículo 46 que se estableció el número de sesiones que más tarde imitaría nuestra Carta Magna. La Constitución de 1936 fue el documento con el que Josef Stalin concentró jurídicamente lo que ya había obtenido de manera criminal, el poder absoluto de la nación socialista.
Al reclamar una "Sala especial para lo constitucional", Martha Prieto y Julio C. Guanche proponen privar a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado de una atribución que no les compete, y es la de la interpretación de las leyes, pues esta sería pasada, naturalmente, a jueces del Tribunal Supremo, hábiles en materia constitucional y capaces por tanto de hacer la interpretación adecuada de nuestra Carta Magna.
En esa intención no están solos. Otro jurista destacado, Carlos Manuel Villavella Armengol en su artículo "La forma de gobierno en la Constitución cubana de 1976" (La Constitución cubana de 1976…, p. 93) propone "depurar del Consejo de Estado atribuciones como la interpretación de las leyes".
Es un reclamo loable el de estos juristas, aunque no parezca que su aspiración pueda materializarse. Por su modorra innata, la Asamblea Nacional es la institución que reúne todas las atribuciones que Fidel Castro o no deseaba que se implementaran nunca o deseaba realizarlas en solitario. Una astuta estrategia de control político que el castrismo ha heredado como promesa de continuidad de su ejercicio político exclusivo.
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